Un juez de Segorbe y la Fiscalía investigan los parques eólicos

Los parques eólicos de Castelló están sujetos a las investigaciones de la Fiscalía y los juzgados, en un momento en el que la anunciada ampliación de los aerogeneradores planteada para las comarcas dels Ports y Maestrat ha recibido un rechazo colectivo de la mancomunidad de municipios de la zona, que consideran saturado el medio y denuncian los incumplimientos inversores de la Generalitat y la empresa concesionaria, ante lo que piden una negociación con el presidente del Consell.

Ramón Pardo, Castelló
Simultáneamente una sentencia del Juzgado de Instrucción número 2 de León da la razón a los ecologistas que consideran que los estudios de impacto ambiental deben ser vistos en su conjunto y no para cada parque eólico individualmente.
El falló del juzgado leonés coincide con la decisión de la Fiscalía de Castelló de abrir diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Grupo Ecologista para la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por los 177 buitres muertos en los tres parques eólicos dels Ports desde su apertura hace dos años. Ahora, el fiscal castellonense deberá determinar si la Conselleria de Medio Ambiente y la empresa adjudicataria de las zonas 1,2 y 3, Renomar, son responsables de un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la instalación de los 260 «molinos» de los parques eólicos de la comarca.
La asociación conservacionista apunta que Medio Ambiente autorizó la ubicación de los parques eólicos en un área importante para las aves (IBA), en los puertos de Morella, a pesar de una sentencia que impedía, dicen, realizar proyectos con efectos negativos para estas áreas y para las aves. Pese a ello, la conselleria fue librando las declaraciones de impacto ambiental precisas parar sacar adelante el plan.
Sólo tras la aparición de los primeros buitres muertos, la conselleria adoptó medidas como la colocación de aspas tipo cebra para alertar a la aves y anunció en 2006 la realización de un estudio para determinar si era preciso cerrar algún parque, sin que las medidas correctoras surtieran efecto.
La investigación en la zona 6
En marzo pasado el Juzgado de Instrucción de Segorbe también acordó abrir diligencias previas por un posible delito contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y de prevaricación al otorgar las licencias de obras de construcción de parques eólicos en la zona 6 (El Toro, Barracas, Pina, Benáfer y Viver). Acció Ecologista-Agró considera que se afecta a espacios protegidos, como la Sierra de Espadán y zonas de la Red Natura 2000.
La denuncia va contra los ayuntamientos que dieron licencias de obra, que podrían vulnerar la legalidad.